Policías estatales catean una casa en Minatitlán, golpean a menores y abusan de una menor
Carlos Santos/
Minatitlán, Ver. Por amenazas y abuso sexual fueron denunciados ante la fiscalía elementos de la policía estatal por una familia del fraccionamiento el Mariano, sitio adonde el pasado 26 de noviembre llegaron al menos 10 patrullas con decenas de elementos de la policía estatal quienes ingresaron a la fuerza a una casa donde se encontraban cuatro menores de edad, entre ellos una niña de 14 años que fue tocada por un policía.
Ana Cristina Ramírez Cabrera, madre de los menores agraviados, habló esta mañana ante medios de comunicación para exponer el caso que sufrió su familia a manos de estos policías, comentando que ellos llegaron agrediendo y preguntando por un supuesto líder de dicho fraccionamiento que se ubica en la zona rural de Minatitlán entre las localidades de El Cedral y Francisco I Madero.
“Fue muy traumante, el 26 de noviembre como entre 2:30 y 3 de la tarde mis hijos menores de edad estaban solos, llegan estas personas y no se identificaron para nada. Mi hijo el menor de 17 años preguntó ¿tienen una orden para entrar? y dijeron que no, ellos entraron a la fuerza jalonearon a mi hija la sacaron, la amenazaron, al otro lo golpearon y pues los otros dos menores se durmieron del susto”, comentó Ana Cristina Ramírez.
Luego de este cateo los elementos regresaron al día siguiente acompañados de personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, además de una plataforma con la que aseguraron una camioneta propiedad de una de las vecinas de este mismo fraccionamiento por tener un supuesto reporte de robo, “porque supuestamente traía reporte de robo pero yo al exigirle que me mostraran el reporte de robo ellos no contaban con ninguna documentación y al percatarme que estaban golpeando a los niños yo fui a ver y fue cuando me di cuenta que se estaban llevando las unidades ya lo tenían arriba de una grúa”, comentó Lizeth Cruz dueña de la camioneta que después de 20 días de estar en el corralón fue liberada por un costo de $38,000.
Ana Cristina Ramírez y Lizeth Cruz aseguran temer por su vida, ya que hasta la fecha aún policías estatales vuelan drones en dicho fraccionamiento para intimidar a las familias.
